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2007
Todo sea por Cristina 2007: La Cámara Comercial viola la ley para favorecer a Grupo Clarí­n

Al amparo de la protección político-judicial de los Kirchner, la Sala D de la Cámara Comercial cometió varias irregularidades para facilitar a Grupo Clarín la homologación de un viejo APE que arrastra Cablevisión. Los jueces eliminaron evidencia que anularía la compra de Cablevisión por parte de Clarín. El Los jueces Guillermo Vassallo, Juan José Dieuzeide y Pablo Heredia son culpables de comerter una injusticia, según la investigación de EDICIÓN i.

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Al amparo de la protección político-judicial de los Kirchner, la Sala D de la Cámara Comercial cometió varias irregularidades para facilitar a Grupo Clarín la homologación de un viejo APE que arrastra Cablevisión. Los jueces eliminaron evidencia que anularía la compra de Cablevisión por parte de Clarín. El Los jueces Guillermo Vassallo, Juan José Dieuzeide y Pablo Heredia son culpables de comerter una injusticia, según la investigación de EDICIÓN i.

CIUDAD DE BUENOS AIRES (EDICIÓN i). En los países poco serios la ley no se aplica de igual manera para todos. Los poderosos pueden evadirla. Los muy poderosos incluso logran que los representantes del pueblo sancionen leyes a su medida. Y los dueños del poder se dan el lujo de conseguirse leyes a medida y quebrarla mas tardes sin consecuencias y si que siquiera se sepa.

Esto es lo que está a punto de lograr Grupo Clarín. Una gran mayoría del periodismo evita informar sobre los negocios del mayor multimedios del país, la otra porción generalmente naufraga en el engorro y la complejidad de los mecanismos utilizados por Héctor Magnetto y compañía.

¿Qué ha ocurrido? En la superficie parece solo una pelea más entre la Fiscal General de la Cámara Comercial y los jueces de una de las Salas de esa Cámara.

La verdadera noticia se encuentra debajo de varias capas de argucias, estrategias legales y vericuetos burocráticos. Hay que ir desmenuzándolas para llegar a comprenderla.

El título es “Grupo Clarín se encuentra a un paso de conseguir el sustento legal para su monopolio del Cable”. Los pasos para llegar a esa conclusión son los siguientes:

1. ¿En que situación está hoy la fusión entre las dos empresas de TV paga de Grupo Clarín?

Grupo Clarín ha comprado Cablevisión y ya el año pasado anunció que lo fusionaría con su otra prestadora de cable: Multicanal. El multimedios no esperó la autorización de la Comisión de Defensa de la Competencia y en la actualidad ambas empresas funcionan como una sola.

El secretario de Defensa de la Competencia, José Sbatella, dijo públicamente a principios de julio pasado que el organismo que de él depende estaría casi listo para avalar la fusión, aunque no habló de fechas y aclaró que será con “condicionamientos”.

El funcionario aseguró que “el 67 % del mercado de televisión por cable está en manos de dos empresas que están en proceso de fusión”, y aclaró que el trámite está en “proceso de instrucción” y que al tratarse de dos empresas con “árboles genealógicos muy grandes” el trámite requiere más formularios y burocracia. Pero se preocupó por recordar que en la jurisprudencia argentina se han aprobado fusiones que empresas que reunían hasta el 80% del mercado.

Igualmente dejó en claro que la aprobación se hará con “condicionamientos”, esta es la palabra clave y todavía no ha trascendido de qué índole serán. Seguramente tenga que ver con una negociación todavía no cerrada entre el Gobierno y la cúpula más alta del Grupo. Sobre los plazos, está claro que nada quedará firmado hasta que Cristina Kirchner no sea electa presidente el 28 de octubre.

2.¿El aval de la Comisión de Defensa de la Competencia es lo único que falta para que se concrete la fusión?

No, no es cierto que todo dependa de una decisión de un funcionario o una repatición dependiente del poder Ejecutivo. Existe una causa en la Justicia que podría bloquear la operación.

Esta causa es la homologación de un Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE) presentado hace años por Cablevisión cuando era propiedad de Liberty Media.

Ese APE, que supone una quita para los acreedores, fue impugnado por tres tenedores de obligaciones negociables que denuncianron que sería nulo por una serie de fraudes cometidos durante el proceso. El APE fue homologado por un juez de primera instancia del fuero comercial pero ahora se encuentra en Cámara.

3. ¿Cuál es el interés de Grupo Clarín en la homologación de un APE que en no tiene consecuencias económicas?

El interés de Clarín llega porque en el medio del proceso de restructuración de los pasivos de Cablevisión, la empresa pasó de Liberty Medias a manos del fondo de inversión mexicano Fintech, dirigido por David Martínez. Los demandantes denuncian que en el proceso existió un fraude en la obtención de las mayorías y una violación a la ley de Patrimonio Cultural, que impide que la empresa sea vendida a capitales extranjeros.

La fiscal General de Cámara Alejandra Gils Carbó evaluó las pruebas presentadas por los demandantes y en mayo de este año presentó un dictámen demoledor para Cablevisión y en consecuencia para Grupo Clarín. En el acusaba a la empresa de Fraude y de violación de la ley de patrimonio cultural.

¿Posible consecuencia? Si la Cámara evalúa las pruebas de la misma manera que la Fiscal podría emitir una sentencia en la cual ordene no homologar el APE y exija la vuelta atrás en la venta de Cablevisión realizada por Liberty Media a Fintech.

Esto haría en la práctica que Grupo Clarín se quedara sin Cablevisión.

El dictamen de la fiscal fue terminante en ese sentido: “Toda vez que la violación de leyes federales instituidas en interés social y vinculadas a la soberanía, no puede sino acarrear la nulidad absoluta de los actos que la vulneran (art. 21 y 1047 Civil), estimamos que la incorporación de Fintech Media LLC como accionista de Cablevisión debe retrotraerse, pues las cosas deben volver al mismo estado en que se hallaban antes del acto anulado (art. 1050 del Código Civil).”

Según la fiscal, el objetivo principal del APE fraudulento no fue monetario. “Si Cablevisión tiene el consentimiento del 99,99% de los acreedores, al punto que ya les canjeó los títulos. (…) Cabe preguntarse entonces, cuál es el motivo por el que se somete a control judicial –y de esta fiscalía- un acuerdo con tantas irregularidades denunciadas, con el riesgo de que, por ejemplo, salgan a la luz las falsedades informadas a la Bolsa y a la Comisión Nacional de Valores suscitando el ejercicio de las facultades disciplinarias de estos organismos contra la sociedad y sus directivos”.

Su hipótesis es la siguiente: “Una vez homologado un APE en el cual la incorporación de Fintech Media LLC es una condición esencial para su existencia, pues aportó los fondos correspondientes, se podría argumentar ante las autoridades de control del mercado donde se halla pendiente la aprobación de las transferencias accionarias, que no pueden pronunciarse de un modo que desconozca lo resuelto por un juez, con carácter de cosa juzgada.”

4. ¿Cómo ocurrió el fraude y la violación de la ley de Patrimonio Cultural?

El 14 de mayo de 2004 Cablevisión informó a la Bolsa de Valores y a al CNV que había logrado un Acuerdo Preventivo Extrajudicial y solicitó al juez su homologación.

Cablevisión explicó al juez que había obtenido conformidades equivalentes al 74,6% del capital y el 55,5% de la cantidad de acreedores. Sin embargo, simultáneamente, solicitó al juez que excluyera de la base computable al fondo de inversión Huff, quien detentaba una tenencia del 30% de las obligaciones negociables, a quien atribuyó maniobras extorsivas.

El 17 de noviembre de 2004, Cablevisión anunció que se habían alcanzado mayorías del 99,955% del capital computable y un 91,667% de los acreedores alcanzados por el APE, sin insistir en el pedido de exclusión de los papeles de Huff.

¿Que ocurrió entre marzo, primera presentación de Cablevisión sobre el APE y la asamblea el 17 de noviembre de 2004?

Liberty Media le vendió su participación en Cablevisión a un fondo de inversión llamado Fintech Advisory, dirigido por los mexicanos Julio Herrera y David Martínez.

Según las propias declaraciones de Julio Herrera ante la Justicia Argentina la venta se concretó en noviembre de 2004.

Todo esto se ocultó a la Bolsa y a la Comisión Nacional de Valores, Fintech lo informó recién el 2 de marzo de 2005. ¿Por qué ocultaron esta información?

Porque por otro lado, empresas del grupo Fintech, específicamente Fintech Cable Ltd y Fimex Int. Ltd., compraban Obligaciones Negociables de Cablevisión, para lograr las mayorías que no había logrado en su presentación de marzo.

Esto fue admitido por el propio Julio Herrera en su declaración. Según el dictamen de Gils Carbó “Herrera dijo que Fintech Advisory Inc. es titular del 100 por ciento de las acciones de Fintech Cable Ltd., lo que lo convierte en titular indirecto de esta compañía.

Agregó que Fintech Cable Ltd. “fue utilizada para comprar deuda de Cablevisión. Que adquirió esa deuda entre mediados de 2002 y aproximadamente principios de 2004. Que adquirió esa sociedad obligaciones negociables y préstamos bancarios.”

O sea que Fintech era al mismo tiempo controlante y acreedora y de esta forma consiguieron las mayorías que no tenían cuando presentaron el APE en marzo

Gils Carbó concluye: “En la asamblea de bonistas votaron dos empresas del Grupo Fintech –Fintech Cable Ltd. y Fimex International Ltd- a pesar de que la ley impide votar al controlante”.

Otro de los puntos centrales y quizás la principal paradoja de esta causa es la ley 25.750, llamada de Bienes Culturales, o también bautizada “Ley Clarín”. Esta establece que los medios de comunicación son considerados bienes culturales y en consecuencia pone un tope a la tenencia de empresas extranjeras. Estas solo podrán poseer un máximo del 30% de cualquier empresa de medios nacional.

Ahora bien, la venta de Liberty Media a Fintech estaría en contra de la ley, porque en esos momentos el otro 50% de Cablevisión ya estaba en manos de un grupo extranjero, Hicks, Muse, Taste & Furst, con lo cual Liberty debiera haberle vendido a un comprador nacional.

5. ¿Qué ocurrió ahora en la causa?

Los jueces de la Sala D Gerardo Guillermo Vassallo, Juan José Dieuzeide y Pablo Heredia decidieron que uno de los acreedores demandantes había “desistido” de un grupo de pruebas presentadas.

> ¿Qué significa esto?

Significa que los jueces consideraron que uno de los demandantes, Javier Vendramín, había renunciado a que el tribunal evaluara un grupo de pruebas.

La frase, expresada en uno de los tantos escritos presentados en la causa, que tomaron los jueces para interpretar que Vendramín renunciaba a la prueba fue : “que –sin más trámite- se dicte sentencia en autos con prescindencia de lo decido (sic) a fs. 12.295”.

El lenguaje judicial, la complejidad de los escritos cruzados y las normas procesales en juego hacen difícil entender el fondo de la cuestión.

Lo cierto es que se trata de una chicana, una maniobra inadmisible e inédita. EDICIÓN i consultó a varios abogados prestigiosos que litigan en el fuero comercial y todos coincidieron que esto es algo nunca visto en la historia. De hecho ya el Colegio de Abogados de la Capital y varias asociaciones civiles están preparando manifestaciones de apoyo a la fiscal y de condena para los integrantes de la Sala D.

Incluso algunos abogados que accedieron al expediente llegaron a arriesgar que el calibre de las irregularidades cometidas por los jueces tiene un solo final posible: el juicio político.

> ¿Qué es lo que han hecho Vassallo, Diuzeide y Heredia?

Han decidido eliminar pruebas fundamentales del proceso que servían para probar el Fraude y la violación de la ley de patrimonio cultural. Tomaron una frase confusa de un escrito de uno de los demandantes, Javier Vendramín, y la interpretaron tal como quisieron.

Todo esto a pesar de que luego Vendramín hizo una presentación negando su renuncia a la prueba.

El escrito de respuesta de Gils Carbó es claro en ese punto: “Por otra parte, si el tribunal tenía dudas acerca de la expresión de Vendramín de fs. 12.406 lo normal, y lógico, hubiera sido requerir al interesado que la aclare. En cambio, dictó de oficio una resolución de dos hojas retocando los dichos del apelante y estableciendo una singular interpretación sobre el presunto desistimiento del hecho nuevo, que no fue rectificada por el tribunal pese a la manifestación en contrario del interesado.”

Además, existe otro punto fundamental. En el dictamen de la Fiscal General presentado en Mayo, ella hacía propias esas pruebas. Por definición, el fiscal siempre es “parte” de la causa, por lo que: aún cuando el demandante particular hubiera “desistido” de las pruebas, ellas no podrían haber sido ignoradas por los jueces tal como lo hicieron.

Todas las fuentes legales consultadas por EDICIÓN i coincidieron en explicar que para que una persona renuncie de una prueba ya presentada, debe haber una voluntad expresa y clara. En este punto rige el artículo 874 del Código Civil: “la intención de renunciar no se presume, y la interpretación de los actos que induzca a probarla debe ser restrictiva”.

En este punto también es terminante la posición de Gils Carbó: debo señalar, que en un Estado de Derecho las personas no pierden sus derechos de manera sorpresiva y arbitraria, por la voluntad discrecional de los jueces, sino por las formas que establece la ley. Los modos de extinción del ejercicio de los derechos están taxativamente reglados por el orden jurídico (prescripción, caducidad, nulidad, etc.)

> ¿Qué pruebas son las que ha eliminado el tribunal?

Ha eliminado el testimonio de David Martínez, presidente de Fintech, y documentación secuestrada en el estudio Errecondo, que tenía como cliente al propio Fintech.

> ¿Cuál es el objetivo de la inexplicable medida de los jueces?

Simplemente vaciar la causa. Eliminando del expediente esas pruebas queda allanado el camino para la homologación.
Esa evidencia probaba:

• que el APE no fue celebrado por los accionistas y directores de Liberty Media, sino que en simultáneo se estaba vendiendo la empresa a Fintech;

• que el APE obtenido con fraude de las mayorías fue logrado por Fintech, un fondo de inversión extranjero que tenía prohibido adquirir acciones de un medio de comunicación por la ley 25.750, o ley Clarín;

• que esa asamblea se realizó con los acreedores registrados por Cablevisión, sin ningún control judicial, y en ella votaron la propuesta acreedores que eran empresas controladas por Fintech,, cuando la ley de concursos y quiebras impide expresamente que el controlante vote en la asamblea.

> ¿Qué más han hecho los jueces?

El presidente de la Sala, Germán Vassallo decidió “desarmar” y sacar del expediente una parte de un escrito de la fiscal Gils Carbó.

La respuestas de la fiscal fue terminante: “el juez Gerardo Vasallo carece de atribuciones para acallar a la fiscal del fuero y desglosar de la causa un escrito, donde no sólo replicaba una injuria a la magistrado (lo que constituye un derecho) sino que ponía en su conocimiento graves circunstancias vinculadas al trámite del proceso y al accionar de las partes.

Ello es así por un doble motivo:

(I) por ser miembro de un tribunal colegiado carece de facultades para dictar resoluciones jurisdiccionales que excedan el mero trámite, en forma individual;

(II) carece de atribuciones para obstruir la actuación del Ministerio Público Fiscal, un órgano extra poder que goza de autonomía funcional, disponiendo el desglose de sus presentaciones y reteniendo un escrito para impedir su actuación. El agravio es de gravedad institucional porque la actuación del fiscal en este recurso está dispuesta por la ley y concierne a la protección del orden público”

>¿Qué hizo Grupo Clarín?

Ha presentado cuatro denuncias por mal desempeño contra Gils Carbó, fundamentándolas en el contenido de sus dictámenes. Estas denuncias han sido incluidas en el expediente. Un claro mensaje “intimidatorio” para los jueces.

> ¿Qué hizo la fiscal?

La fiscal recusó a los tres jueces de la Sala D. “Solicito que los integrantes de la Sala D del tribunal se aparten de seguir entendiendo en estos autos por hallarse incursos en causales de recusación”. La fiscal considera que “De todos modos, resulta abstracto esperar un pronunciamiento posterior porque el tribunal ya ha puesto en evidencia su intención de eliminar una prueba decisiva con artificio. Ello anuncia el desenlace de esta causa y motiva la recusación de los jueces.”

Además de eso pidió que se declare nula la resolución de los jueces que elimina la prueba y que se restituya el escrito completo que fue mutilado por el juez Vassallo.

6. ¿Cuáles son las consecuencias posibles?

Ahora otra Sala de la Cámara Comercial, que debe ser elegida por sorteo, debe decidir si acepta o no la recusación planteada por Gils Carbó. Es difícil que los jueces dictaminen en contra de sus propios colegas. Además existe un condicionante extra, si deciden aceptar la recusación, se realizará un nuevo sorteo y la causa recaerá sobre otra sala de la Cámara, y esta es una papa caliente que nadie quiere sostener en sus manos.

Si se rechaza la recusación presentada por la fiscal, la causa se encaminará inexorablemente hacia la homologación y esto significará probablemente la cristalización de la ilegalidad cometida por el Grupo Clarín y sus socios.

(N. de la R.: ¿Dónde se produce el enlace entre la Cámara Comercial y la Casa Rosada? Según explica EDICIÓN i en otra nota, los magistrados han actuado con impunidad, sabiendo que el Consejo de la Magistratura de la Nación no intervendrá en su contra, mientras Grupo Clarín mantiene sus acuerdos con Alberto Fernández, que hoy día consisten en lograr la elección de Cristina de Kirchner).

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Copyright by EDICIÓN i, 2007.


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